Volver al pasado

A un historiador aficionado que reflexionara sobre los sucesos recientes no le quedaría más remedio que hacerse la pregunta sobre si el presidente García está condenado, por una especie de sino fatal, a repetirse. Aquellos que fueron los dos mayores fenómenos negativos de su primer gobierno, la inflación y la corrupción, están de regreso y, a lo que parece, para quedarse.

Sin embargo, ambos no tendrían por qué ser inevitables. Si bien existe un gran debate entre economistas respecto de si la inflación se debe únicamente a factores externos o tiene también componentes internos, algo que sí se puede decir es que, pese a que buena parte del proceso inflacionario nos viene de fuera, hay un aporte local –que algunos cifran entre 1 y 1.5%– en la inflación que padecemos y que se debe a prácticas que el gobierno se ha comprometido a combatir y erradicar.

En cuanto a la corrupción, hay que decir que en ella se da de modo más claro la culpabilidad del gobierno, puesto que ni sus peores enemigos hubieran podido imaginar que uno de los elementos más cuestionados del periodo 1985-1990 circulaba libremente por las antesalas de los ministerios, hacía lobby para empresas extranjeras en áreas tan delicadas como la de concesiones petroleras e incurría en las mismas prácticas delictivas que le ocasionaron ya una primera expulsión de las filas del PAP hace muchos años.

Claro que, al respecto, ya se había dado un primer campanazo de alerta cuando otro de los elementos cuestionados del primer gobierno aprista, nos referimos al ex ministro Agustín Mantilla, fue sorprendido en una reunión almuerzo a la que asistía un postulante al TC al que tal proximidad le costó no ser elegido al cargo. Pero entre lo que entonces fue sospecha y la comprobación de hechos consumados hay una gran distancia.

Como sea, la reacción de indignación que estos hechos han suscitado es sana, aunque al parecer no baste para salvar la vida al gabinete que preside Jorge del Castillo, que presumiblemente vive sus últimos días antes de caer por obra de un voto de censura. Ante esta perspectiva, necio sería el gobierno si no toma medidas y pone los remedios necesarios para que la historia no se repita.

Pues la diferencia entre las palabras y los hechos en materia de lucha anticorrupción es enorme, y el gobierno carece de una política proactiva respecto de esta lacra, tal como lo descubre el cierre de la Oficina Nacional Anticorrupción, una iniciativa que no llegó al año y medio de vida. Por lo mismo, es imprescindible que la actitud del gobierno cambie. Insistimos en una convocatoria al Acuerdo Nacional y el relanzamiento de la Iniciativa Nacional Anticorrupción. Hay un plan elaborado desde la época de Valentín Paniagua que mantiene su vigencia y puede aplicarse. Pero que sea ahora, luego será tarde.